Decreto de vivienda aplazado a septiembre: qué NO está en vigor para el funcionario que renueva su alquiler este verano

Por Observatorio de la Vivienda Funciohouse / 31 de julio de 2026

El decreto de vivienda aplazado a septiembre ha dejado sin efecto, de un día para otro, todo lo que la semana pasada se daba por hecho. El Consejo de Ministros del 28 de julio no aprobó el decreto ómnibus de alquiler que el propio Gobierno había anunciado. Lo retiró del orden del día y lo empujó a septiembre por falta de apoyos parlamentarios. Ni la prórroga de contratos hasta 2028, ni el IVA del 21% a los pisos turísticos, ni las bonificaciones al casero que baja la renta están hoy en vigor.

Para el funcionario cuyo contrato vence este verano, el matiz no es menor: lo que era «va a salir el 28 de julio» ahora es «se verá en septiembre, sin fecha». Y en política de vivienda, entre un anuncio y el BOE se cae más de un decreto.

Lo que el Consejo de Ministros sí aprobó el 28 de julio

Conviene separar el ruido del hecho. La referencia oficial del Consejo de Ministros del 28 de julio no contiene el decreto de vivienda. Lo que aprobó ese día en materia residencial fue mucho más modesto: el contrato de las obras de urbanización de las fases 1 y 2 de la actuación de Campamento, en Madrid, y la tramitación urgente de dos reales decretos de subvenciones —uno para alojamientos universitarios y otro para vivienda de alquiler asequible licitada por Casa 47—. Del paquete grande de alquiler, ni rastro.

Esto importa porque en nuestra cobertura previa contamos que el Gobierno iba a aprobar el 28 de julio la prórroga de dos años. La historia se ha movido, y contar hacia dónde forma parte del trabajo: entonces el decreto estaba anunciado; ahora está aplazado y en el aire.

Por qué se cayó: cuatro socios, cuatro exigencias incompatibles

El borrador intentaba contentar a la vez a demasiados actores, y las peticiones no cuadraban entre sí. Sumar empujaba la prórroga de contratos y el tope de precios. El PSOE y el PNV metían una reforma de la Ley del Suelo. Junts pedía bonificaciones fiscales al casero y medidas antiokupación. Y Podemos exigía justo lo contrario en el terreno fiscal: nada de premios al propietario y, a cambio, la suspensión de desahucios sin alternativa para personas vulnerables.

La aritmética es implacable. Los cinco escaños de Podemos son imprescindibles para la mayoría simple que exige la convalidación en el Congreso: sin ellos, el decreto decae aunque Junts —siete diputados— acabara votando a favor. Con dos socios tirando en direcciones opuestas sobre el mismo texto, el Gobierno prefirió retirarlo antes que verlo tumbado.

«No hay suficientes pisos, y la poca oferta que queda se agota en horas», resumió la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para defender que los topes de precio no construyen vivienda nueva.

Desde el otro lado, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, calificó el borrador de «una auténtica temeridad» y condicionó su voto a que recupere la suspensión de desahucios de personas vulnerables y elimine cualquier beneficio fiscal al propietario. Dos líneas rojas enfrentadas, un solo decreto: no había casilla que las satisficiera a la vez.

Qué NO está en vigor para el funcionario

Aquí está lo que de verdad afecta al lector. Ninguna de las medidas estrella del paquete rige hoy. La prórroga automática de dos años hasta junio de 2028 no existe todavía. La equiparación del alquiler de habitación a la vivienda habitual —cinco años de contrato— sigue siendo una propuesta. El IVA del 21% a los pisos turísticos y el gravamen a las SOCIMIs no se han activado. Y la bonificación en el IRPF al casero que baja la renta no está aprobada.

El funcionario que renueva contrato este verano lo hace, por tanto, con el marco que ya existía, no con el que se anunció. El docente de la Comunidad de Madrid que espera el concurso de traslados y no sabe en qué municipio estará en septiembre; el sanitario del SERMAS recién destinado que alquila una habitación mientras encuentra piso; el policía nacional o el guardia civil en primer destino que comparten alquiler para llegar a fin de mes: ninguno tiene sobre la mesa, ahora mismo, la protección adicional que el decreto prometía. Conviene no firmar nada dando por hecho una prórroga que aún no está en el BOE.

No es la primera vez que ocurre. En mayo, el Congreso ya tumbó un decreto de alquiler y aquella prórroga duró apenas 28 días. La lección se repite: mientras el texto no supere la convalidación, es intención, no ley.

Lo que queda en el aire

En opinión de este Observatorio, el aplazamiento retrata un problema de fondo más que un tropiezo de calendario. El Gobierno ha intentado empaquetar en un solo decreto medidas que responden a filosofías opuestas —proteger al inquilino con topes y, a la vez, incentivar al casero con desgravaciones— y ha descubierto que su mayoría no aguanta esa contradicción. Septiembre no cambia la aritmética: cambia la fecha.

Lo que este aplazamiento no hará es aumentar la oferta, que es el nudo real del precio en Madrid. Ni la prórroga ni las bonificaciones construyen un solo piso; a lo sumo reparten el parque existente de otra manera. Para el funcionario, la pregunta útil sigue siendo la de siempre: cuánta vivienda asequible se está levantando de verdad y cuánto tarda en llegar. Mientras el decreto se renegocia, ese contador no se mueve.

Habrá que seguir el próximo nodo: si el Gobierno reconstruye la mayoría en septiembre, qué medidas sobreviven al recorte y cuáles se caen para contentar a Podemos o a Junts. Lo contaremos cuando el texto llegue al Consejo de Ministros, no cuando se anuncie.

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Fuentes: La Moncloa · Referencia del Consejo de Ministros (28/07/2026) · idealista/news · Qué! — Decreto de vivienda retrasado a septiembre · Pressdigital — declaraciones de Podemos