Vivienda para policías en Madrid: 3.375 agentes se han ido en cinco años y los sindicatos llevan a Ayuso un plan de nueve medidas

Por Observatorio de la Vivienda Funciohouse / 17 de julio de 2026

La vivienda para policías en Madrid tiene desde ayer una cifra que la resume mejor que cualquier discurso: 3.375 policías nacionales han salido de la región por concurso de méritos en los últimos cinco años. Es el 26% de la plantilla. Uno de cada cuatro agentes que Madrid forma, despliega y paga acaba pidiendo el traslado en cuanto reúne antigüedad suficiente para conseguirlo.

El 16 de julio, los secretarios generales de JUPOL, Aarón Rivero, y de JUCIL, Ángel Lezcano, se reunieron con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para entregarle un paquete de nueve medidas. Cinco de ellas hablan de lo mismo: del piso.

Las nueve medidas, y por qué cinco son de vivienda

El paquete que JUPOL y JUCIL pusieron sobre la mesa de la Puerta del Sol se reparte en tres bloques. El primero, el de vivienda, es el que da nombre a la reunión:

• Eliminar el requisito de empadronamiento previo para que los agentes recién destinados accedan a vivienda protegida.
• Implantar un sistema de "arraigo inverso": sustituir la antigüedad en el padrón por un compromiso de permanencia en la región.
• Reservar un porcentaje de vivienda protegida para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los nuevos desarrollos de Madrid.
• Reservar viviendas del Plan Vive para policías y guardias civiles destinados en la región.
• Crear un bono autonómico de ayuda al alquiler para el agente que mantenga su destino en Madrid.

El segundo bloque es de conciliación: prioridad en escolarización por movilidad forzosa, plazas reservadas en escuelas infantiles, acceso preferente a campamentos y actividades autonómicas, e incentivos fiscales compensatorios. El tercero recoge reivindicaciones históricas que no dependen de la Comunidad —profesión de riesgo, equiparación salarial, jubilación anticipada— y que se plantearon ante Ayuso como respaldo político, no como competencia autonómica.

"Madrid no puede seguir formando policías para perderlos pocos años después porque no pueden permitirse vivir donde trabajan. Hablar de seguridad también es hablar de las condiciones de quienes la garantizan cada día", afirmó Aarón Rivero, secretario general de JUPOL.

El bucle: el Estado te manda a Madrid, la Comunidad te pide diez años de Madrid

Aquí está el nudo, y conviene verlo despacio porque no es un problema de dinero sino de diseño.

Un policía nacional no elige Madrid. La elige el catálogo. Sale de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y el primer destino se asigna por nota y por vacantes, y las vacantes están donde están: en la región que concentra 12.900 agentes para siete millones de personas. Llega, por tanto, sin padrón previo. No lo tiene porque hasta ese momento su vida estaba en otra provincia.

Y es justo entonces cuando la Comunidad de Madrid le pide lo único que no puede tener. El borrador del reglamento de vivienda protegida exige diez años de empadronamiento en la región para comprar una VPP y cinco para alquilarla. El agente que acaba de llegar tiene cero. Tendrá diez cuando lleve una década en Madrid — es decir, cuando ya haya podido pedir el traslado y, según los propios números de JUPOL, sea probable que lo haya pedido.

En opinión de este Observatorio, el requisito de padrón no está midiendo lo que dice medir. Se justifica como una defensa del arraigo, pero el arraigo de un funcionario de destino forzoso no se acredita mirando atrás, sino mirando adelante: no está en los años que lleva, está en los años que se compromete a quedarse. Un policía de veintitrés años recién destinado en Villaverde tiene, en términos de vínculo real con la región, exactamente lo mismo que le pide el reglamento — pero en el sentido contrario del calendario. De ahí que la propuesta sindical del "arraigo inverso" no sea una excepción corporativa: es una corrección técnica de un indicador que, aplicado a la movilidad forzosa, mide al revés.

Es la misma lógica que ya opera en el Plan Vive, donde el arraigo municipal coloca al funcionario con destino reciente al final de la cola salvo que trabaje en el municipio, y la misma que la propia CAM ya ha admitido excepcionar por la vía cooperativista, como analizamos al estudiar cómo comprar VPP sin los diez años de empadronamiento. La excepción existe. La discusión ya no es si cabe: es para quién.

Qué significa "territorio de paso" cuando lo dicen los números

La expresión que usan los dos sindicatos es "territorio de paso", y describe un circuito concreto: el agente llega destinado, aguanta los años que necesita para puntuar, y se va. Madrid asume el coste de formar y encajar a un profesional cuya experiencia se consolida en otra provincia. Lo que se pierde no es solo plantilla — es la plantilla veterana, la que sostiene unidades especializadas, y esa no se repone con la siguiente promoción.

"Hemos hecho un llamamiento directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que lidere un compromiso firme e histórico con la seguridad de la región", declaró Ángel Lezcano, secretario general de JUCIL.

No es un problema exclusivo del Cuerpo Nacional de Policía ni de la Guardia Civil. Es el mismo circuito que ya hemos documentado en los 9.000 puestos vacíos que alertaba CSIF y en lo que los propios funcionarios cuentan en sus foros: docentes que piden traslado, sanitarios del SERMAS que rechazan plaza, bomberos y militares que hacen la misma cuenta. Cambia el uniforme y la cifra. No cambia la causa.

Lo que la reunión no resuelve

Conviene ser precisos con lo que ocurrió el 16 de julio: fue la entrega de un documento, no la aprobación de una medida. Ninguna de las nueve propuestas está en vigor, ninguna tiene calendario y la Comunidad no se comprometió públicamente con ninguna. El reglamento de vivienda protegida, cuya aprobación se esperaba para julio, sigue sin publicarse en el BOCM a la fecha de este artículo.

Eso deja la pregunta abierta en el peor sitio posible: en el del agente que ahora mismo está mirando un piso y no sabe si el reglamento que se publique este verano le dejará fuera diez años o le abrirá una excepción. Desde una lectura crítica, ese es el verdadero coste de la indefinición — no el que se mide en viviendas, sino el que se mide en decisiones que 12.900 personas están tomando sin saber la regla.

Y hay algo que ninguna de las nueve medidas toca. Todas reparten el acceso: quitan un requisito, reservan un cupo, ordenan una cola. Ninguna añade una vivienda. Reservar un porcentaje de VPP para los cuerpos de seguridad mejora la posición del policía frente al docente, al sanitario o al administrativo que hacen esa misma cola por el mismo piso — pero no cambia cuántos pisos hay. Mientras el numerador siga siendo el que es, cada medida de acceso es un reparto distinto de la misma escasez. Y una plantilla que se va no se retiene ganándole el sorteo a otro funcionario que también se está yendo.

Fuentes: Moncloa.com (16/07/2026) · JUCIL · Comunidad de Madrid — Vivienda Protegida