Falta de vivienda asequible en Madrid: lo que dice —y lo que calla— un promotor que pide menos impuestos
Por Observatorio de la Vivienda Funciohouse / 18 de julio de 2026
La falta de vivienda asequible en Madrid tiene, por una vez, un diagnóstico que comparten quienes rara vez coinciden. Esta semana, el director de una gestora inmobiliaria especializada en alquiler protegido, Javier Braza (Lagoom Living), resumía en una entrevista el estado de ánimo del sector con una frase demoledora: "Estamos tratando la vivienda como un arma arrojadiza entre signos políticos".
Viniendo de un promotor —Lagoom Living gestiona unas 2.000 viviendas bajo estructura de SOCIMI y aspira a llegar a 5.000, con Madrid como próximo objetivo— la queja tiene un interés doble: por lo que acierta y por lo que, convenientemente, deja fuera del encuadre. Merece la pena separar el dato del interés.
"Estamos tratando la vivienda como un arma arrojadiza entre signos políticos", afirmó Javier Braza, de Lagoom Living, en declaraciones a idealista/news.
Carga fiscal sobre el precio
20-30%
según el promotor
IPREM (módulo de referencia)
600 €
congelado desde 2023
Rentabilidad exigida
8-10%
capital institucional
Cartera de la gestora
2.000
viviendas · objetivo 5.000
Falta de vivienda asequible: el diagnóstico que hasta un promotor comparte
Buena parte de lo que enumera Braza es verificable y coincide con lo que este Observatorio viene documentando. Señala cinco cuellos de botella: inseguridad jurídica por el vaivén normativo, una carga fiscal que cifra en el 20-30% del precio final, el encarecimiento de los costes de construcción, la lentitud administrativa en la concesión de licencias y —este es el punto clave para el lector funcionario— unos módulos de IPREM desactualizados.
Ese último dato es el que más directamente golpea a los empleados públicos. El IPREM lleva congelado en 600 euros mensuales desde 2023. Es la vara con la que se fijan los precios máximos de la vivienda protegida y los umbrales de acceso. Un módulo congelado significa que los números no cuadran ni para el promotor que construye ni para el funcionario que intenta acceder: al primero no le salen las cuentas para levantar VPP, al segundo lo dejan fuera por ganar un euro de más. Cuando un policía, un docente de la CAM o un técnico de Hacienda descubren que no llegan a la vivienda protegida por un umbral que no se toca desde hace tres años, están chocando con el mismo módulo que el promotor denuncia.
Lo que el promotor no dice: quién asume el riesgo
Hasta aquí, el dato. A partir de aquí, el interés. Porque las recetas de Braza no son neutrales: pide más "benevolencia fiscal", más subvenciones y avales ICO, y —de forma más reveladora— una "normativa ágil para desalojos ante impagos". Es decir, menos impuestos para el inversor y menos protección para el inquilino. Traducido: trasladar el riesgo desde el capital hacia el hogar.
Desde una lectura crítica, conviene recordar quién habla. Lagoom Living opera como SOCIMI, la figura fiscal más ventajosa del mercado inmobiliario español: tributa al 0% en el impuesto de sociedades si reparte sus beneficios como dividendos. Que una SOCIMI reclame "benevolencia fiscal" mientras una cooperativa de vivienda paga más impuestos que ella dice bastante sobre en qué dirección está inclinado el tablero fiscal.
El análisis de este Observatorio es el siguiente: el problema de oferta es real y el diagnóstico técnico —IPREM congelado, licencias lentas, inseguridad jurídica— es correcto y urgente. Pero de un diagnóstico compartido no se sigue una única receta. Actualizar el IPREM y agilizar las licencias amplía la oferta sin sacrificar a nadie. Rebajar la fiscalidad de las SOCIMIs y facilitar los desalojos, en cambio, mejora el margen del inversor sin garantía alguna de que ese ahorro llegue al precio final que paga el inquilino. Son dos cosas distintas que interesa presentar juntas.
Madrid se ha convertido en la capital europea de la inversión inmobiliaria, y con el capital llegan también sus relatos. Que un promotor diga en voz alta que la vivienda no puede ser un arma política es una buena noticia. Que la solución que propone consista, sobre todo, en pagar menos y desalojar más rápido, conviene leerlo con el diccionario puesto. El diagnóstico se puede compartir. La factura, no necesariamente.
Fuentes: idealista/news — entrevista a Javier Braza (Lagoom Living).
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