Decreto vivienda julio 2026: el Gobierno vuelve a la carga con la prórroga de alquileres, el alquiler de temporada y el IVA del 21% a pisos turísticos

Por Observatorio de la Vivienda Funciohouse / 6 de julio de 2026

El decreto vivienda julio 2026 ya tiene contenido, calendario y una urgencia que el propio Gobierno no disimula. El Ejecutivo aprobará este mes un decreto ómnibus con la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, y la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos. Lo anunció la ministra portavoz, Elma Saiz, el 29 de junio, y las últimas informaciones apuntan a que PSOE y Sumar quieren tenerlo cerrado antes de que acabe julio.

Es el tercer intento en poco más de un año de blindar por decreto la posición del inquilino. El anterior, el RDL 8/2026, duró 28 días: el Congreso tumbó su convalidación a finales de abril y dejó sin efecto la prórroga automática de contratos que ya se estaba aplicando. Quien firmó una renovación amparándose en aquella norma sabe exactamente lo que se juega esta vez.

Qué hay dentro del decreto vivienda julio 2026

Según lo avanzado por el Gobierno y recogido por Público, el paquete se organiza en dos bloques. El primero busca dar estabilidad a los contratos y contener los precios:

• Prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que vayan venciendo, la medida estrella del decreto caído en abril.
• Regulación del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones, las dos vías que hoy permiten esquivar la ley de vivienda.
• Obligatoriedad de que todos los contratos sean por escrito, junto a medidas contra el fraude en el alquiler.
• Bonificaciones en el IRPF para los propietarios que no suban la renta a sus inquilinos.

El segundo bloque apunta a la oferta: subida del IVA del 10% al 21% para los pisos turísticos, medidas de agilidad administrativa y, según adelanta Mundiario, un refuerzo de la empresa pública de vivienda y del parque protegido.

"Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo", declaró la ministra portavoz Elma Saiz al anunciar el paquete.

La tercera vez en quince meses

La historia reciente obliga a la cautela. El RDL 8/2026, aprobado el 20 de marzo, ya contenía una prórroga extraordinaria de contratos y una limitación de la actualización de rentas. Estuvo en vigor 28 días: el Congreso rechazó su convalidación y todos sus efectos decayeron, como analizamos entonces en el artículo sobre qué cambiaba para los funcionarios con contrato por vencer.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha puesto fecha al segundo asalto:

"Antes de que finalice el mes de julio, vamos a volver a llevar la prórroga de alquileres al Congreso", afirmó Bustinduy.

La aritmética parlamentaria, sin embargo, es la misma que tumbó el decreto de marzo. La diferencia está en el empaquetado: al mezclar la prórroga con incentivos fiscales a propietarios, la regulación del alquiler de temporada y la subida de impuestos a los pisos turísticos, el Gobierno busca que votar "no" tenga más coste político que en abril. Es la lógica del decreto ómnibus: o todo o nada.

Qué cambia para el funcionario que alquila en Madrid

Para el empleado público de alquiler en Madrid —que es la mayoría de los destinados recientes— hay tres frentes concretos. El primero, la prórroga: si tu contrato vence en los próximos meses, la norma volvería a darte margen frente a una no renovación o una subida abusiva. El segundo, el alquiler de temporada: buena parte de los funcionarios en primer destino acaba en contratos de temporada de 11 meses precisamente porque el propietario evita así la ley de vivienda; si el decreto los regula, esa vía de escape se estrecha. El tercero, los contratos por escrito y las medidas antifraude, que afectan de lleno al mercado de habitaciones donde malviven opositores y funcionarios de los grupos C.

Conviene no mover ficha todavía. Quien esté negociando ahora una renovación debe saber que el decreto no está aprobado ni convalidado, y que el precedente de abril demuestra que puede decaer con efectos retroactivos limitados. Firmar esperando una norma que aún no existe es repetir el error de marzo.

El calendario también importa. Que el Consejo de Ministros apruebe el decreto en julio no cierra el asunto: un real decreto-ley entra en vigor con su publicación en el BOE, pero el Congreso tiene que convalidarlo en un plazo de 30 días. Es decir, la votación decisiva llegaría en pleno agosto o a la vuelta del verano — y hasta ese momento cualquier derecho que el decreto reconozca vive en libertad condicional, exactamente igual que le ocurrió a la prórroga de marzo.

Lo que los números no explican por sí solos

En opinión de este Observatorio, el problema de fondo no es el contenido del decreto —la mayoría de las medidas van en la dirección que la mayor parte de los organismos llevan años recomendando—, sino el método. Un derecho tan básico como la estabilidad en la vivienda lleva quince meses dependiendo de votaciones al límite, decretos que duran semanas y anuncios que se corrigen sobre la marcha. El funcionario que tiene que decidir si renueva, si se muda o si firma un contrato de temporada no puede planificar su vida con normas de usar y tirar. Y esa incertidumbre, que no sale en ninguna estadística, también es precio de la vivienda.

Lee también: El decreto prórroga alquiler 2026 tumbado: análisis completo de una derrota anunciada

Fuentes: Público · Mundiario · BOE — RDL 8/2026