Hay una dimensión de la crisis de vivienda para funcionarios en 2026 que no aparece en los informes del Banco de España ni en los análisis de esfuerzo hipotecario. No se mide en euros por metro cuadrado ni en porcentaje de sueldo sobre cuota. Se mide en contratos de arras perdidos, en alquileres que no se pueden renovar, en colegios a los que no se puede matricular a un hijo porque no sabes en qué ciudad vas a estar en septiembre.
Es el limbo de los funcionarios en prácticas sin destino asignado: más de 3.600 personas que aprobaron la oposición, completaron el curso selectivo obligatorio, fueron nombradas funcionarias en prácticas y llevan meses cobrando 1.060 euros netos al mes desde casa, sin poder incorporarse a ningún puesto, sin saber cuándo llegará su destino en el BOE y, en consecuencia, sin poder firmar una hipoteca, renovar un alquiler ni tomar ninguna decisión residencial de calado.
Cómo se llegó hasta aquí: la cronología de un colapso
Todo arranca en diciembre de 2024. Los aspirantes al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (GACE) y al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (GSI) —las escalas A2 de la Administración General del Estado— realizaron el examen de la convocatoria de 2024. En mayo de 2025 conocieron los resultados: habían aprobado.
Las previsiones del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) fijaban el curso selectivo obligatorio para octubre de 2025. El 5 de agosto, sin previo aviso y sin explicación pública, el INAP comunicó que el curso se retrasaba hasta 2026. Los aprobados, que ya habían organizado su vida en torno a esa fecha, se encontraron con un primer retraso de cuatro meses sin justificación.
El curso selectivo se realizó finalmente en febrero de 2026. Al completarlo, los participantes fueron nombrados funcionarios en prácticas y empezaron a percibir la nómina correspondiente: 1.060 euros netos al mes, que es el sueldo base del grupo A2 sin complementos, sin antigüedad y sin ningún plus de puesto. Una cantidad que, con ironía involuntaria, queda por debajo del Salario Mínimo Interprofesional de 2026.
Desde entonces, silencio. La Secretaría de Estado de Función Pública no ha publicado los destinos en el BOE. No hay fecha prevista comunicada oficialmente. No hay nota informativa. Los afectados que han intentado obtener información —por escrito, por teléfono, a través de los sindicatos— reciben la misma respuesta: consulten periódicamente la web.
Las tres frases que resumen lo que está pasando
Los testimonios recogidos por distintos medios en los últimos días construyen un retrato preciso de lo que significa vivir en ese limbo.
Christian lo resume así: «No nos informan de nada, no tenemos ni idea cuándo tendremos nuestro destino.» Pero la incertidumbre no se quedó en lo laboral: tuvo problemas para renovar su contrato de alquiler porque el casero exigía estabilidad de ingresos demostrable, y la nómina de 1.060 euros sin contrato de trabajo activo no era suficiente garantía. «He tenido que tomar pastillas para dormir», añadió.
María Luisa llegó más lejos. Firmó un contrato de arras para la compra de un piso antes de quedar atrapada en el limbo. Cuando fue al banco a iniciar la hipoteca, la respuesta fue contundente: sin destino publicado en el BOE, sin hipoteca. El banco no tramita un préstamo para quien no puede acreditar en qué ciudad va a trabajar ni cuándo va a hacerlo. Si el BOE no llega antes del verano, podría perder las cantidades entregadas como señal. Su diagnóstico del problema es tan preciso como desolador: «Sin el BOE no se tramita nada.»
Conchi dejó su trabajo en febrero para poder hacer el curso selectivo. Tiene dos hijos. Desde entonces ha consumido sus ahorros viviendo de los 1.060 euros y no pudo pedir plaza escolar en colegio público en el plazo ordinario —que cerró en abril— porque no sabía en qué ciudad estaría su familia cuando empiece el curso en septiembre. Marta, en una situación análoga con un niño de dos años y medio, lo expresa así: «Si lo matriculo en mi ciudad actual me arriesgo a que en unos meses me den un destino a 500 kilómetros y pierda la plaza. Si no lo matriculo, me quedo sin nada.»
Y Laura, que se examinó embarazada de 32 semanas: «No he podido pedir ninguna ayuda de guardería. Tengo que inscribir a mi hija en una pública porque el sueldo de la AGE es el más bajo, unos 30.000 euros, y no me puedo permitir una privada.»
Por qué el banco no concede hipotecas a funcionarios en prácticas sin destino
Este es el punto que más directamente conecta con la misión del Observatorio de FuncioHouse, y merece una explicación técnica clara.
El sistema bancario evalúa la solicitud de hipoteca sobre tres pilares: capacidad de pago presente (ingresos), estabilidad de esos ingresos (tipo de contrato o situación laboral) y certeza sobre el bien a financiar (la vivienda concreta).
Un funcionario en prácticas sin destino asignado falla en los tres:
Capacidad de pago: 1.060 euros netos al mes es insuficiente para financiar cualquier hipoteca en el mercado madrileño dentro de los umbrales de sostenibilidad del Banco de España. El 30% de 1.060 euros son 318 euros de cuota máxima sostenible, lo que financia en torno a 73.000 euros de hipoteca a 30 años con TIN del 3,10%. La vivienda más barata del área metropolitana de Madrid cuesta cuatro veces más.
Estabilidad: el banco no puede saber cuándo esa nómina de 1.060 euros pasará a ser el sueldo completo de un A2 con complementos —aproximadamente 2.100 euros netos en destino ordinario—. Sin BOE con destino publicado, la situación laboral del solicitante es formalmente la de un funcionario en prácticas con contrato temporal implícito. Los bancos, a efectos hipotecarios, tratan eso como un perfil de riesgo medio-alto.
Certeza sobre la vivienda: Maria Luisa tiene arras firmadas sobre un piso en una ciudad concreta. Pero si su destino resulta ser otra provincia, la hipoteca que solicita no tiene sentido económico para el banco. Sin saber dónde va a trabajar, no hay forma de saber si la vivienda que quiere comprar es su residencia habitual o una inversión. Y los criterios de financiación son distintos en cada caso.
El resultado es el que los afectados describen: banco tras banco, la respuesta es siempre la misma. «Sin el BOE no se tramita nada.»
El contexto más amplio: un problema que no es nuevo pero se ha agravado
El colapso en la asignación de destinos no es una disfunción puntual. Es la expresión acumulada de varios problemas estructurales en la gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado.
El primero es el volumen. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la Oferta de Empleo Público para 2026 con 37.017 plazas nuevas. Al mismo tiempo, hay más de 9.000 plazas de personal laboral pendientes de convocar de las ofertas de 2023, 2024 y 2025. Estas plazas tienen un plazo máximo de tres años para convocarse antes de caducar, lo que añade presión adicional al sistema.
El segundo es la paradoja operativa. Mientras 3.600 funcionarios aprobados esperan en casa cobrando por no trabajar, organismos como el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de extranjería declaran abiertamente que no tienen suficiente personal para atender la demanda. En el SEPE se están pagando horas extra a 25 euros la hora para gestionar solicitudes. El mismo Estado que no puede dar destino a sus funcionarios aprobados está comprando horas extra al personal que ya tiene.
El tercero es la comunicación institucional. Los afectados que han presentado escritos ante la Secretaría de Estado de Función Pública, ante la Dirección General de la Función Pública y ante el Defensor del Pueblo siguen sin respuesta. Los sindicatos mayoritarios reconocen no tener información. La única fuente oficial es una página web que hay que consultar periódicamente. En ningún momento del proceso se ha publicado una nota informativa con plazos orientativos.
Lo que esto significa para el acceso a la vivienda: la dimensión invisible de la crisis
La crisis de vivienda para funcionarios tiene una dimensión que los análisis habituales no capturan: la imposibilidad de planificar.
Los modelos de esfuerzo hipotecario que publica este Observatorio —y que muestran que ningún colectivo funcionarial puede comprar vivienda libre en Madrid capital con menos del 50% de sus ingresos— parten de un supuesto implícito: que el funcionario sabe cuánto cobra, dónde trabaja y cuánto tiempo llevará haciéndolo. Ese supuesto no se cumple para los funcionarios en prácticas sin destino.
Para ellos, la crisis no es solo de precio. Es de imposibilidad de acceder a cualquier herramienta financiera que requiera certeza sobre el futuro. No pueden pedir hipoteca porque no tienen destino. No pueden alquilar con garantías porque su nómina es inferior al SMI y su situación laboral es provisional. No pueden comprometerse con ninguna ciudad porque no saben cuál será la suya.
Es la forma más extrema del problema que este blog documenta desde su fundación: el funcionario que sirve al Estado pero al que el Estado no sirve cuando se trata de organizar su vida.
La frase que Marta le dijo a El Debate esta semana tiene una precisión que ningún informe de esfuerzo hipotecario puede capturar: «Nos exigen estar disponibles para servir al Estado, pero el Estado no nos sirve a nosotros la información mínima para organizar nuestra vida.»
Qué opciones existen para quien está en esta situación
La situación es real y las opciones a corto plazo son limitadas. Pero hay algunas vías que merece la pena conocer.
Alquiler con aval institucional. El Plan Alquila de la Comunidad de Madrid es una de las pocas vías de acceso al alquiler que no exige nómina estable ni garantías de solvencia extremas, al estar intermediado institucionalmente. Con el +30% de contratos firmados este año, hay más oferta disponible que en 2025. No es una solución perfecta, pero puede permitir acceder a vivienda mientras se resuelve el destino.
Hipoteca condicionada al destino. Algunos bancos —especialmente Santander y Sabadell, que son más flexibles con el colectivo funcionarial— permiten iniciar el estudio de la operación hipotecaria con carácter previo, condicionando la firma a la publicación del destino en el BOE. No es una oferta publicada: requiere negociación directa con el gestor de banca personal. Pero puede evitar perder una señal como la de María Luisa.
Cooperativa de vivienda. Es la opción con mayor horizonte temporal pero con mayor estabilidad estructural. Una cooperativa de vivienda que no solicita calificación VPP no está sujeta a los requisitos de empadronamiento del nuevo reglamento autonómico, y la aportación inicial puede hacerse en cuotas que se ajustan a la situación económica del momento. La hipoteca se formaliza cuando la vivienda está construida y el socio ya tiene su destino definitivo y su salario completo. Para quien está dispuesto a esperar tres o cuatro años, elimina exactamente el problema de María Luisa: la hipoteca llega cuando hay BOE, cuando hay sueldo completo y cuando hay certeza.
Si quieres saber si tu situación actual —en prácticas, con destino pendiente o con sueldo reducido— encaja con el modelo cooperativo, en FuncioHouse puedes consultarlo sin compromiso en /contact/.
Fuentes: El Debate (06/05/2026, reportaje Claudia Cid) · COPE/La Linterna (05/05/2026) · Infoemplea2 (05/05/2026) · La Voz de Ibiza (05/05/2026) · Banco de España (umbrales esfuerzo hipotecario) · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (INAP, nota informativa agosto 2025).
