Por Observatorio de la Vivienda Funciohouse / 24 de abril de 2026
El radar semanal vivienda Madrid de esta cuarta semana de abril llega con cinco movimientos simultáneos en el tablero legislativo, un hecho sin precedente reciente en el calendario de la política de vivienda española. El martes 21, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y publicado en el BOE el miércoles 23 mediante Real Decreto 326/2026. El mismo martes, el Pleno del Congreso admitió a trámite la proposición de ley de vivienda del PP —ya aprobada en el Senado— con el respaldo de Junts, Vox y UPN: 178 votos a favor, 163 en contra. El miércoles 22, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda Protegida, con destino a la Asamblea para tramitación urgente. El sábado 26 entra en vigor el Decreto 27/2026 que endurece la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en la región. Y el martes 28 se celebra la votación definitiva del RDL 8/2026 sobre prórroga de alquileres —que la semana pasada analizamos con detalle— con el resultado prácticamente anticipado desde el lunes.
SEÑAL 1 — El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se publica en el BOE: 7.000 millones, blindaje permanente y reparto 60/40 con las autonomías
Qué ha ocurrido. El martes 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y el miércoles 23 el Real Decreto 326/2026 fue publicado en el BOE, fecha desde la que el plan está plenamente en vigor. La dotación es de 7.000 millones de euros a cinco años —lo que triplica los fondos del plan anterior— distribuidos según un modelo de corresponsabilidad: el Estado aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. Si una comunidad autónoma no aporta su parte, la aportación estatal se reduce proporcionalmente.
El plan estructura la inversión en tres bloques: un 40% para incrementar el parque de vivienda pública (ayudas a administraciones y entidades para compra, construcción o adquisición de vivienda en régimen de alquiler social permanente), un 30% para rehabilitación del parque existente, y un 30% para ayudas directas a personas con dificultades de acceso —incluyendo hasta 300 € mensuales para jóvenes en alquiler y hasta 15.000 € para adquisición en municipios de menos de 20.000 habitantes.
La novedad estructural más significativa es el blindaje permanente del parque protegido: solo recibirán financiación aquellas promociones que garanticen la protección indefinida de las viviendas, eliminando la posibilidad de descalificación futura. El propio BOE reconoce en su preámbulo que de los aproximadamente 6,5 millones de viviendas protegidas promovidas desde 1960, la dinámica de descalificación ha erosionado sistemáticamente el parque disponible.
El plan prevé que las reuniones técnicas para su implementación territorial arranquen la semana del 27 de abril, con el objetivo de que los convenios con las comunidades autónomas estén operativos en el segundo semestre de 2026.
| Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 | Detalle |
|---|---|
| Dotación total | 7.000 millones € |
| Reparto Estado / CCAA | 60% / 40% |
| Financiación vs. plan anterior | ×3 (triplica el anterior) |
| Bloque construcción y adquisición | ≥40% del total |
| Bloque rehabilitación | 30% del total |
| Bloque ayudas a personas | 30% del total |
| Ayuda alquiler jóvenes | Hasta 300 €/mes |
| Ayuda primera vivienda rural | Hasta 15.000 € |
| Precio máximo alquiler social | 900 €/mes |
| Blindaje protección permanente | Sí — condición sine qua non para recibir fondos |
| Publicación BOE | 23 de abril de 2026 (RD 326/2026) |
| Inicio convenios con CCAA | Previsto segundo semestre 2026 |
Fuente: BOE — Real Decreto 326/2026, 23 de abril de 2026; Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, 21 de abril de 2026; Civio, 23 de abril de 2026. Elaboración propia.
Qué significa para el funcionario. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es, sobre el papel, la respuesta más articulada del Ejecutivo central a la crisis de acceso desde la Ley de Vivienda de 2023. El blindaje permanente del parque protegido es una medida que el Observatorio ha reclamado implícitamente en varios análisis: el problema de España no es solo que se construya poca vivienda protegida, sino que buena parte de la construida con fondos públicos termina descalificada y trasladada al mercado libre. Si el mecanismo funciona, cada euro del nuevo plan genera parque permanente, no temporal.
El problema está en el reparto 60/40 y en la voluntad política de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid —que concentra la mayor presión de demanda del país— ya ha reaccionado con frialdad: el consejero Jorge Rodrigo criticó esta semana que el plan se habría elaborado sin consultar a las autonomías y cuestionó las condiciones del reparto. Si la Comunidad de Madrid no suscribe el convenio en los términos propuestos —o demora su negociación—, el impacto sobre el mercado madrileño podría ser marginal durante los primeros años del plan. Para el funcionario que busca vivienda en Madrid hoy, el Plan Estatal es una señal estructural positiva a medio plazo, pero no una solución para los próximos doce meses.
«El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda.» — Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana (21 de abril de 2026)
Conviene contrastar esta declaración con los datos históricos que el propio BOE incluye: desde 1960, España ha promovido 6,5 millones de viviendas protegidas y la descalificación sistemática ha erosionado el parque disponible durante décadas. La promesa del blindaje es necesaria precisamente porque el sistema anterior no lo garantizó. La efectividad de la medida dependerá de su control en los convenios bilaterales con cada comunidad autónoma.
SEÑAL 2 — La Comunidad de Madrid aprueba su Ley de Medidas Urgentes: +30% densidad, +20% edificabilidad, sin modificar planeamiento
Qué ha ocurrido. El miércoles 22 de abril, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda Protegida, anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2025 en el marco del Plan de Choque de Vivienda 2026/27. El proyecto fue remitido a la Asamblea de Madrid para tramitación urgente por lectura única; si se cumplen los plazos previstos, la ley podría entrar en vigor en junio de 2026.
Las medidas principales son tres. Primera: los municipios que voluntariamente lo decidan podrán aumentar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, con posibilidad de añadir hasta dos plantas adicionales, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. El período de aplicación excepcional es de dos años para la solicitud de licencia y tres para las obras. Segunda: se amplían los cambios de uso posibles, permitiendo construir vivienda protegida en suelos dotacionales privados y en parcelas de uso hotelero —una extensión de la vía de conversión de oficinas en viviendas que ya estaba en marcha. Tercera: se eliminan informes obligatorios en la fase inicial de tramitación de nuevas promociones, manteniendo el carácter preceptivo de esos informes antes de la aprobación definitiva.
La Comunidad estima que el conjunto de medidas facilitará la creación de más de 18.000 viviendas protegidas en cuatro años. Durante la legislatura actual, afirma haber promovido 70.353 viviendas con algún tipo de protección pública.
| Ley de Medidas Urgentes CM — Medidas principales | Detalle |
|---|---|
| Incremento de densidad permitido | Hasta +30% en parcelas de VPP |
| Incremento de edificabilidad permitido | Hasta +20% en parcelas de VPP |
| Plantas adicionales posibles | Hasta 2 plantas más |
| Modificación de planeamiento necesaria | No — medida excepcional |
| Período de aplicación excepcional | 2 años para licencia / 3 para obras |
| Cambio de uso hotelero → VPP | Sí, ampliado |
| Cambio de uso suelos dotacionales privados → VPP | Sí, nuevo |
| Viviendas estimadas en 4 años | >18.000 |
| Tramitación parlamentaria | Urgente, lectura única — entrada en vigor prevista junio 2026 |
Fuente: Comunidad de Madrid, 22 de abril de 2026; El Diario de Madrid, 22 de abril de 2026. Elaboración propia.
Qué significa para el funcionario. La lectura honesta de esta ley exige separar el titular del mecanismo real. El titular dice: 18.000 viviendas protegidas en cuatro años. El mecanismo dice: los municipios podrán —no deberán— aplicar los incrementos de densidad y edificabilidad si así lo deciden, durante un período acotado. La clave está en ese «podrán». No existe una obligación para los ayuntamientos de la región de activar estas medidas, y la experiencia urbanística madrileña enseña que el activismo municipal en materia de densificación de VPP varía enormemente según el perfil político y la estructura de suelo de cada municipio.
Dicho esto, la eliminación de informes en fase inicial es una medida técnica con impacto real: en el ciclo de tramitación urbanística de Madrid, los cuellos de botella más habituales no están en la aprobación definitiva sino en la acumulación de informes previos que bloquean meses o años la puesta en marcha de una promoción. Si la supresión de esa fase se mantiene con garantías jurídicas en el texto definitivo, podría reducir plazos de forma perceptible en el horizonte 2027-2028.
El elemento que el Observatorio seguirá con más atención es el relativo a la conversión de suelos dotacionales privados en VPP. Si los municipios lo aplican, puede incorporar suelo ya urbanizado —y en muchos casos en zonas consolidadas— sin necesidad de esperar el ciclo completo de un nuevo desarrollo. Eso sería relevante para funcionarios que buscan en barrios ya formados, no solo en grandes desarrollos periféricos como los del sureste.
SEÑAL 3 — La ley de vivienda del PP avanza en el Congreso: 178 votos con Junts y Vox, reforma del suelo y derogación parcial de la Ley 2023
Qué ha ocurrido. El martes 21 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados admitió a trámite la proposición de ley del PP denominada de «medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda». El resultado fue 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 6 abstenciones (PNV y Coalición Canaria) y 163 en contra (PSOE, Sumar y socios). La ley ya había sido aprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
La admisión a trámite no es aprobación definitiva: abre el plazo de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios antes del debate final. Sin embargo, la coalición que la sustenta —PP más Junts más Vox— dispone de mayoría suficiente para sacarla adelante si se mantiene estable, lo que convierte este primer trámite en un indicador fiable sobre el resultado final.
El contenido del texto incluye: reforma de la Ley del Suelo de 2015 para separar los vicios «graves» —que anulan planes enteros— de los defectos «menores» subsanables sin necesidad de anular el planeamiento; silencio positivo tras tres meses en licencias para nuevas viviendas (excepto edificaciones protegidas y suelo rural); limitación a cuatro años de la impugnación indirecta de planes urbanísticos; y —elemento más polémico— mecanismos de desahucio acelerado tipo juicio verbal para que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recuperar viviendas ocupadas sin el proceso ordinario.
| Votación admisión a trámite Ley Vivienda PP (21 abril) | Votos |
|---|---|
| A favor (PP + Vox + Junts + UPN) | 178 |
| En contra (PSOE + Sumar + socios) | 163 |
| Abstención (PNV + CC) | 6 |
| Situación actual | En trámite: plazo de enmiendas abierto |
| Aprobación en el Senado | Previa — PP tiene mayoría absoluta |
Fuente: Idealista News, 22 de abril de 2026; El Español, 22 de abril de 2026. Elaboración propia.
Qué significa para el funcionario. Esta ley plantea una paradoja de intereses para el lector del Observatorio. Por un lado, contiene medidas técnicas de destrabe urbanístico —la subsanabilidad de vicios menores en el planeamiento, el silencio positivo en licencias— que si funcionan, reducen el plazo que va de un suelo calificado a una llave entregada. Ese plazo es el cuello de botella central del acceso a VPP en Madrid, y cualquier medida que lo acorte beneficia al funcionario que espera plaza en una promoción nueva.
Por otro lado, el mecanismo de desahucio acelerado para fondos de inversión y grandes propietarios institucionales es una concesión explícita al capital de cartera sobre el derecho de permanencia del inquilino. Combinar esta medida con la previsible caída del RDL 8/2026 la semana siguiente dibuja un escenario en el que, en pocas semanas, desaparecen las prórrogas extraordinarias para inquilinos y se facilitan los desalojos para los tenedores institucionales. El funcionario que alquila en Madrid y cuyo contrato vence en 2026 o 2027 debe leer estas dos señales juntas.
Conviene tener presente, además, que la admisión a trámite del 21 de abril sucede el mismo día que el Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda —un contramovimiento deliberado de comunicación política—, y que Junts vota a favor de la ley del PP mientras confirma su voto en contra del RDL 8/2026. La coherencia de esa posición desde el punto de vista del acceso a la vivienda es, cuanto menos, difícil de sostener. El análisis detallado sobre cómo los fondos de inversión están operando en el mercado madrileño lo desarrollamos en nuestro análisis sobre fondos de inversión y vivienda en Madrid 2026.
SEÑAL 4 — El Decreto 27/2026 de VUT entra en vigor el sábado 26: aprobación expresa de vecinos, prohibición en VPP y municipios con poder para limitar el stock
Qué ha ocurrido. Este sábado 26 de abril entra en vigor el Decreto 27/2026, de 25 de marzo, por el que la Comunidad de Madrid redefine el marco regulatorio de las viviendas de uso turístico (VUT). La norma fue publicada en el BOCM el 6 de abril y ha contado con tres semanas de período transitorio; los operadores con declaración responsable presentada tienen un período de adaptación de tres años para adecuarse a las nuevas exigencias técnicas.
Los cambios estructurales del nuevo decreto son tres. Primero: las comunidades de propietarios pueden ahora prohibir expresamente las VUT en su edificio mediante acuerdo —hasta ahora bastaba con que no existiera prohibición; desde el 26 de abril, sin aprobación expresa, la actividad puede considerarse ilegal aunque la vivienda esté registrada. Segundo: las viviendas de protección pública quedan expresamente vetadas para uso turístico, sin excepción. Tercero: los ayuntamientos pueden fijar topes máximos de VUT por edificio, área o zona a través de su planeamiento urbanístico.
Los datos de contexto son relevantes: en 2025 se registraron 3.053 bajas de VUT en la Comunidad de Madrid (+164,8% respecto a 2024), y en los dos primeros meses de 2026 ya se habían dado de baja 341 más. El 85,71% de las inspecciones de 2025 concluyeron con sanción.
| Decreto 27/2026 VUT — Cambios principales | Efecto desde 26 abril 2026 |
|---|---|
| Aprobación de comunidad de propietarios | Obligatoria y expresa — sin ella, actividad ilegal aunque esté registrada |
| VPP como VUT | Prohibido expresamente |
| Ayuntamientos: topes máximos de VUT | Sí, a través de planeamiento y ordenanzas |
| Declaración responsable | Presentada por el titular de la actividad (no necesariamente propietario) |
| CIVUT (certificado de idoneidad) | Emitido por cualquier técnico competente (antes solo arquitecto) |
| Período transitorio para adaptar VUT existentes | 3 años |
| Bajas de VUT en 2025 | 3.053 (+164,8% vs. 2024) |
Fuente: Comunidad de Madrid, 25 de marzo de 2026; Idealista News, 6 de abril de 2026. Elaboración propia.
Qué significa para el funcionario. El Decreto 27/2026 es la primera regulación de VUT en la Comunidad de Madrid que puede tener un impacto real sobre la oferta de alquiler residencial a largo plazo. La prohibición expresa de VUT en VPP es una medida de sentido común que debería haber existido desde siempre: el dinero público que financia vivienda protegida no puede servir para sostener plataformas de alquiler turístico a precio de mercado libre. Su entrada en vigor cierra una grieta regulatoria real.
El elemento más relevante para el mercado es la delegación en los ayuntamientos de la capacidad de limitar el stock de VUT. Si el Ayuntamiento de Madrid activa esa facultad en los distritos con mayor presión turística —Centro, Salamanca, Chamberí— y reduce el stock de VUT en circulación, una parte de esas viviendas retornaría al mercado de alquiler residencial. No es una solución inmediata: el período de adaptación de tres años para operadores existentes atenúa el efecto a corto plazo. Pero es la palanca regulatoria más directa que existe sobre el stock disponible para arrendamiento residencial en Madrid, y a partir del 26 de abril los municipios tienen la herramienta legal para usarla.
El funcionario que hoy compite con turistas por un alquiler en el centro de Madrid debería estar siguiendo esta normativa de cerca.
SEÑAL 5 — RDL 8/2026: la votación del 28 de abril y lo que cambia para el inquilino funcionario desde el lunes
Qué ha ocurrido. La votación del RDL 8/2026 sobre la prórroga extraordinaria de dos años de contratos de alquiler se celebra el martes 28 de abril, un día antes del plazo constitucional. La posición de los grupos está consolidada: PP, Vox y Junts votan en contra. Los tres juntos suman más de 177 votos, suficientes para tumbar el decreto. El domingo 26, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración ante la sede del PP en Madrid para presionar el voto.
El decreto decaerá. Lo relevante para los lectores del Observatorio no es ya el resultado —que está anticipado— sino sus consecuencias exactas. Los contratos cuyos inquilinos solicitaron la prórroga antes de la votación del 28 de abril tienen un derecho ejercido bajo la vigencia de la norma. Los contratos que venzan tras la derogación sin que el inquilino hubiera solicitado la prórroga decaen automáticamente: el arrendador recupera el control del cronograma de finalización del contrato. La incertidumbre jurídica sobre los efectos intermedios —contratos cuya prórroga fue solicitada antes del 28 pero que vencen semanas después— está siendo debatida entre especialistas y podría acabar en los tribunales.
El decreto también incluía un tope del 2% en la actualización anual de las rentas durante el período de vigencia. Con la derogación, los contratos cuya anualidad corresponda en las semanas siguientes deberán actualizar conforme al IRAV (Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda), que cerró marzo en el 2,47%, o al IPC, según el tipo de contrato.
| RDL 8/2026 — Escenarios post-votación del 28 de abril | Situación |
|---|---|
| Inquilino que solicitó prórroga antes del 28 de abril (burofax acreditado) | Derecho ejercido bajo vigencia — mayoría de especialistas avalan su consolidación |
| Contrato que vence antes del 28 de abril, sin solicitud | Sin derecho a prórroga extraordinaria |
| Contrato que vence después del 28, sin solicitud previa | Decae con la derogación — propietario recupera la fecha pactada |
| Actualización de renta: tope 2% post-derogación | Deja de aplicarse — vuelve IRAV (2,47% en marzo) o IPC según contrato |
| Situación jurídica de prórrogas aún no consolidadas al momento de la derogación | Incertidumbre — pendiente de interpretación judicial |
Fuente: Idealista News, 14 de abril de 2026; El Diario.es, 10 de abril de 2026. Elaboración propia.
Qué significa para el funcionario. La semana que entra marca el día después. El funcionario inquilino cuyo contrato vence antes del 31 de diciembre de 2027 y que no ha solicitado todavía la prórroga tiene hasta el lunes 28 de abril —literalmente hasta antes de que abra el Congreso— para enviar el burofax. Pasado ese momento, el decreto habrá caído o estará a punto de hacerlo, y el período de ejercicio del derecho habrá cerrado. No existe una segunda ventana.
Para el funcionario que sí la solicitó a tiempo: conservar toda la documentación —justificante de envío del burofax, acuse de recibo, fecha y hora— es ahora la única garantía práctica de ese derecho si el propietario impugna la prórroga en sede judicial. Conviene también saber que el artículo 10.3 de la Ley de Vivienda de 2023 —prórroga de hasta tres años en zonas tensionadas— es incompatible con la prórroga del RDL 8/2026 y tiene carácter preferente en esos casos.
«Las prórrogas extraordinarias ya solicitadas y aceptadas durante la vigencia del Real Decreto-Ley seguirán siendo plenamente válidas y eficaces [aunque el Congreso no lo convalide].» — Análisis jurídico, Col·lectiu Ronda
Más allá del escenario individual, la caída del RDL 8/2026 y la simultánea admisión a trámite de la ley del PP —con sus mecanismos de desahucio acelerado para fondos institucionales— definen el marco regulatorio del alquiler madrileño en los próximos meses: mayor incertidumbre para el inquilino, mayor capacidad de recuperación del activo para el propietario institucional. La única salida del circuito del alquiler libre que no depende de estos vaivenes legislativos sigue siendo la vía cooperativa: precio vinculado al módulo, sin sorpresas de anualidad, sin riesgo de no renovación. Es la razón de ser de PSF y FuncioHouse.
Tabla resumen — Semana 4 · Abril 2026
| Señal | Hecho confirmado | Impacto para funcionario | Nivel de alerta |
|---|---|---|---|
| Plan Estatal Vivienda 2026-2030 | 7.000 M€. BOE 23 abril. Blindaje permanente VPP. Reparto 60/40. | Señal estructural positiva. Impacto en Madrid condicionado a convenio con la Comunidad. | 🟡 Relevante |
| Ley Medidas Urgentes CM | +30% densidad, +20% edificabilidad en VPP sin modificar planeamiento. Tramitación urgente. | Más oferta protegida potencial a partir de 2027-2028. Municipios deciden si aplican. | 🟡 Relevante |
| Ley vivienda PP en Congreso | 178 votos a favor. Reforma Ley Suelo + desahucio acelerado para fondos. | Destrabe urbanístico potencial. Pero el desahucio acelerado perjudica al inquilino. | 🔴 Crítico (doble cara) |
| Decreto 27/2026 VUT en vigor (26 abril) | Aprobación expresa vecinos obligatoria. VPP vetada para VUT. Municipios pueden limitar stock. | Cierre de grieta regulatoria en VPP. Potencial retorno de pisos al alquiler residencial. | 🟡 Relevante |
| RDL 8/2026 — votación 28 abril | Votación anticipada: decreto caerá. Última oportunidad de burofax antes del 28. | Inquilino sin prórroga solicitada pierde el derecho. Actualización de renta vuelve a IRAV. | 🔴 Crítico |
Conclusión del Observatorio
La cuarta semana de abril de 2026 ha sido la más densa en movimientos legislativos de toda la serie del Radar. En menos de 72 horas se aprobaron un plan estatal y un proyecto de ley autonómico, se admitió a trámite una ley de oposición en el Congreso, entró en vigor una normativa sobre vivienda turística y se cerró el horizonte operativo para la prórroga extraordinaria de alquileres. Rara vez el tablero normativo de la vivienda mueve tantas piezas en una sola semana.
La tensión central de esta semana es fácil de formular: el Estado central y la Comunidad de Madrid presentan sus respectivos planes de vivienda el mismo martes, ambos con cifras potentes, ambos con mecanismos que merecen análisis crítico. El plan estatal pone dinero y blindaje permanente sobre la mesa, pero lo condiciona a que las autonomías cofinancien al 40%; la Comunidad de Madrid activa densidad y destrabe burocrático, pero lo hace sin obligar a los municipios. Si los dos mecanismos se activan de forma complementaria —lo cual exige, mínimamente, que la Comunidad de Madrid suscriba el convenio del Plan Estatal— el horizonte de oferta protegida en Madrid puede cambiar materialmente antes del final de la legislatura.
Si no se activan de forma complementaria, quedarán dos políticas de vivienda paralelas en la misma región, ninguna con masa crítica suficiente para corregir la trayectoria que el Banco de España confirmó la semana pasada: una proporción de propietarios que lleva quince años cayendo y que en el tramo de edad del funcionario consolidado retrocedió 5,3 puntos en solo dos años.
Mientras el debate legislativo sigue su curso, la vía cooperativa es la única que no depende del resultado de ninguna de estas votaciones. Solicita información sobre la cooperativa PSF →
El Radar Semanal Funciohouse se publica cada viernes. Cubre hechos confirmados de la semana: datos publicados, normas aprobadas, convocatorias abiertas y operaciones cerradas con impacto en el mercado residencial madrileño y en el acceso a la vivienda de funcionarios y empleados públicos.
Fuentes: BOE — Real Decreto 326/2026, Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, 23 de abril de 2026, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana — Plan Estatal 2026-2030, 21 de abril de 2026, Civio — claves del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, 23 de abril de 2026, Comunidad de Madrid — Ley de Medidas Urgentes Vivienda Protegida, 22 de abril de 2026, El Diario de Madrid — análisis Ley Medidas Urgentes, 22 de abril de 2026, Idealista News — Ley vivienda PP Congreso, 22 de abril de 2026, El Español — votación Ley PP, 22 de abril de 2026, Comunidad de Madrid — Decreto 27/2026 VUT, 25 de marzo de 2026, Idealista News — decreto VUT Administradores Fincas, 6 de abril de 2026, Idealista News — votación RDL 8/2026, 14 de abril de 2026, El Diario.es — decreto prórroga alquileres, 10 de abril de 2026.
